America, Argentina
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    UN PRESUPUESTO QUE SÓLO PUEDE IMPONERSE CON REPRESIÓN

    "Les aseguro que lo que hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron(Mateo 25,40)

    El gobierno nacional se vanagloria de la efectividad de la represión de “agitadores” ejercida ayer la zona del Congreso Nacional. Pero es evidente que la agitación que hemos vivido ayer en las calles porteñas, en el contexto de la discusión parlamentaria del presupuesto 2019, no comenzó en las filas de las organizaciones sociales que reclamaban pacíficamente que el Congreso mirara al pueblo.

    El verdadero origen de la violencia desatada ayer es la imposición de un presupuesto dictado por el FMI, que finalmente dice a nuestro pueblo lo que hasta ahora intentaron ocultarle: “no gobernamos para ustedes”. La desproporción de la represión ordenada por el gobierno y ejercida por la policía es una mezcla de amenaza y advertencia: están dispuestos a todo para intentar llevar adelante la política del déficit cero.
     
    Pareciera que el gobierno quería que sucediera lo que sucedió en las calles para justificar la instalación de un estado policial, necesario para poder sostener un presupuesto que condena a una enorme cantidad de la población al hambre y a la falta de salud y de educación. ¿Estarían queriendo infundir miedo para prevenir la posibilidad de un estallido social?:

    −    Los cascotes fueron distribuidos estratégicamente en las calles durante la noche y madrugada anteriores al inicio del tratamiento de la ley de presupuesto.
    −    Hubo provocadores infiltrados que hicieron entrar a una minoría violenta en el juego perverso de dar excusa a la racionalidad represiva.
    Por eso, y porque nos obliga el mandato evangélico de ver en nuestros “hermanos más pequeños” la presencia del mismo Jesús, queremos expresar nuestro más enérgico repudio a esta represión y a las políticas que sólo pueden sostenerse sobre ella.

    Grupo de Curas en Opción por los Pobres    
    25 de octubre de 2018
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    ANTE EL GRAVE ATAQUE A UN CAMPESINO SANTIAGUEÑOLa imagen puede contener: comida

    En el día de ayer, 12 de octubre, personal policial y de la justicia santiagueña y el empresario cordobés Néstor Quesada se presentaron en el paraje Suncho Pampa, en el Dpto. Pellegrini de la provincia de Santiago del Estero, con una orden de desalojo emitida por la jueza Dra. María Cecilia Paskevicius del Juzgado Civil de Tercera Nominación, conocida por sus reiterados fallos en contra de los campesinos santiagueños. En este acto debían ser desalojados el poseedor del terreno, Héctor Reyes Corvalán, integrante de la Mesa Parroquial de Tierra de Nueva Esperanza, y su familia.

    El desalojo se sucedió con inusitada violencia. El personal policial disparó balas de goma, mató a los perros de la familia, hizo desaparecer 200 cabezas de ganado, amenazó de muerte a Héctor Reyes e incendió su casa, dejándolo con graves heridas y quemaduras. Todo para beneficiar al señor Néstor Quesada, quien desde 2012 pretende apropiarse de esas tierras y quien, personalmente y por medio de personeros suyos, habría amenazado reiteradamente a los poseedores de la tierra.

    Repudiamos estos hechos gravísimos, enmarcados en una larga historia de hechos similares y en políticas provinciales y nacionales de larga data, que pretenden favorecer a los agronegocios en desmedro de la subsistencia e, incluso, la misma existencia de los pequeños productores agropecuarios. Exigimos la inmediata detención del personal policial y judicial interviniente y del sr. Quesada, y la destitución de la jueza Paskevicius.

    Oramos por el pronto y total restablecimiento de la salud de Héctor Reyes Corvalán.

    Grupo de Curas en la Opción por los Pobres
    13 de octubre de 2018

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Categoría padre: ROOT Categoría: Cartas y Firmas

Frente a las reiteradas protestas populares relacionadas con el rechazo a la minería a cielo abierto en algunas localidades de nuestro país como Tinogasta, Santa María, Belén, Andalgalá (Catamarca) Amaicha del Valle (Tucumán) Famatina (La Rioja) y otras, queremos expresar, como grupo de curas en la opción por los pobres, nuestra solidaridad con las víctimas, en quienes vemos todavía hoy, los dolores del Crucificado: las víctimas de la represión y del desalojo de tierras legítimamente ocupadas por comunidades campesinas; las víctimas de la incertidumbre sobre el trabajo y sobre el futuro que generan muchos de estos proyectos de explotación minera a gran escala; en este sentido también repudiamos enérgicamente la represión violenta e indiscriminada sobre los manifestantes por parte de efectivos policiales o militares como de patotas violentas e impunes que responden a intereses de las empresas involucradas, y nuestra apuesta al diálogo como instrumento de la justicia y camino de resolución de estos complejos conflictos.

La minería a gran escala es expresión cabal de una demanda cada vez mayor, de parte de los países desarrollados hacia los países emergentes o dependientes, de materias primas o bienes de consumo. Esta tendencia consolida cada vez más un paradigma productivo fuertemente extractivista, apoyado en la sobreexplotación de recursos naturales. En Argentina en el lapso que va entre 2003 y 2008, según datos de la Secretaría de Minería de la Nación, el crecimiento acumulado de los proyectos mineros llegó al 907 % (más de 400 proyectos).

Dicho paradigma tiene dolorosos antecedentes en la historia de América Latina en la que predominaron durante décadas los enclaves coloniales que esclavizaron pueblos y empobrecieron a los trabajadores. Debido a esto no pocos opinan que no es casualidad que la resistencia a la sobreexplotación de los recursos naturales y su enérgica defensa hayan surgido de movimientos y organizaciones indígenas y campesinas. Tal vez aquí estén las dos puntas de este conflicto: por un lado la lucha por la defensa de la tierra y los bienes de todos y por el otro la consolidación de un discurso sobre el desarrollo, de fuerte base extractivista, orientado al abastecimiento del mercado externo. Dicho modelo de desarrollo tiene como caso emblemático la megaminería a cielo abierto.

Sin entrar en discusiones profundas ni juicios apresurados, fundamentalistas o poco documentados, debido a la compleja problemática en cuestión, podemos no obstante afirmar nuestra convicción relacionada con la justicia y la defensa de los derechos de los más pobres en estos conflictos.

* Reafirmamos la necesidad del diálogo, la escucha de todas las partes en conflicto, y el cese de amenazas o intimidaciones como condiciones que pueden abrir los caminos de entendimiento. La minería a gran escala enfrenta a dos fuerzas asimétricas: las organizaciones campesinas, indígenas o de vecinos autoconvocados y las empresas transnacionales cuyo peso en la economía local y global es tan grande, que no sería extraño que los intereses de las corporaciones presionen o intenten sustituir al Estado, avasallando las decisiones o necesidades del pueblo. La implementación del modelo extractivista suele estar respaldada con la criminalización de la protesta social y políticas represivas o autoritarias. Debe garantizarse un diálogo en iguales condiciones.

* La economía, el desarrollo y la producción no pueden ni deben estar desconectadas del bien común y el estado de bienestar de la sociedad. Los proyectos mineros en cuestión amenazan recursos vitales para la subsistencia humana como el agua y la energía. El agua es un elemento imprescindible en los procesos extractivos y se obtiene de ríos, glaciares y acuíferos. Reclamamos que el Estado Nacional y los Estados Provinciales ejerzan el debido control y defensa de los recursos que forman parte del patrimonio nacional, ya que no todo es mercancía, ni debe tener precio en el mercado. A la vez es deber del Estado, informar debidamente a las poblaciones afectadas y no negociar a espaldas de los posibles perjudicados.

* Nos preocupa que sólo se evalúen los costos económicos y no se eviten posibles graves costos socio-ambientales como la usurpación de tierras habitadas, contaminación de aguas y tierras a causa de los procesos de lixiviado de los minerales extraídos etc..

Creemos en el Dios de la Vida, que "levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre" (Salmo 113, 7). Nos ponemos del lado de pueblos y familias angustiados, agredidos y amenazados por el avance de un modelo de sociedad que ubica la acumulación de ganancia por encima del derecho a la vida y el bienestar de todos por igual. Confiamos esperanzados en el diálogo justo e igualitario -a pesar de las ya mencionadas asimetrías de las partes en conflicto- como camino de verdad y justicia.

Grupo de Curas en la Opción por los Pobres

Febrero de 2012

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